Con la llegada de 2018, la Unión Europea implantará un nuevo sistema de Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Un reglamento que será común para todos los países de la zona euro.
La regulación conocida como Directiva 2014/45 se aprobó en el año 2014. Aunque dicha medida primero deberá ser aprobada por el Gobierno en un Real Decreto, no entraría en vigor en nuestro país hasta el 20 de mayo de 2018. Momento en el que España pondría fin a más de 20 años con el actual sistema para adaptarse a las nuevas homologaciones europeas (Euro 5 y Euro 6).
Detectar fraudes
Los cambios en la ITV tendrán un objetivo claro: endurecer las medidas de control de emisiones contaminantes. Cuestión que, desde la aparición del “diésel-gate” –caso que destapó el engaño de Volkswagen-, se ha convertido en la prioridad de las autoridades nacionales e internacionales.
Los inspectores comprobarán si la emisión de los óxidos de nitrógeno –Nox- es apta para circular, al ser especialmente contaminantes para el medio ambiente y nocivos para nuestra salud. También, revisarán los sistemas anticontaminación –EGR y filtros de partículas- para verificar que no se encuentren manipulados.
Revisiones electrónicas
Será la otra gran novedad. Se prestará una vigilancia especial al ABS, los airbag o los pretensores pirotécnicos de los cinturones de seguridad. Inspección para la que será necesario acceder a datos sensibles del vehículo. La gran incertidumbre es averiguar si los fabricantes permitirán descubrir informaciones acumuladas en sus centralitas.
Periodicidad de las revisiones
Con la implantación del nuevo reglamento, la primera revisión se realizará cuatro años después de la matriculación. Tras el examen inicial, pasarán a ser cada dos años, incluso cuando el vehículo cumpla una década.
Los vehículos que presten servicios públicos -taxis, ambulancias y transporte de mercancías- estarán obligados a hacerlo anualmente.
La única duda por resolver es si la nueva ITV verá incrementado su precio. Por ahora se desconoce. El tiempo lo descubrirá. Aunque, el portal Rastreator asegura que sí; y argumenta que los fabricantes exigirán una compensación económica por facilitar información de sus sistemas electrónicos.